Evaluación de procesos y efectos de la Ley de antecedentes penales para datos policiales.

Las personas que van a ocupar una posición vulnerable, que requiere un alto grado de integridad y en la cual las violaciones de integridad pueden tener un gran impacto en la sociedad, deben contar con un Certificado de Conducta (VOG). Un VOG se emite después de un proceso de evaluación. El 11 de noviembre de 2021 se modificó la Ley de Datos Judiciales y de Procesamiento Penal. Esta modificación se conoce como la Ley VOG P y entra en vigor el 1 de julio de 2022. La enmienda permite que, para la evaluación de un VOG P, se incluyan también datos estándar de la policía. Además, los datos policiales pueden ser ahora un motivo independiente para rechazar un VOG P. El VOG P pretende contribuir a reducir el riesgo de que las personas abusen de conocimientos y/o autoridades, interfieran en solicitudes de investigación o aplicación de la ley, y faciliten la delincuencia organizada o subversiva. Este estudio es una evaluación de procesos y efectos de la Ley VOG P. El objetivo de la evaluación de procesos es investigar cómo funcionan los procesos relacionados con el VOG P en la práctica, en qué medida se alinean con la teoría política detrás de la Ley VOG P, y qué calidad, cuidado y eficiencia tienen dichos procesos. La evaluación de efectos aclara en qué medida la Ley VOG P ha alcanzado sus objetivos, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el impacto en la sociedad y los posibles efectos secundarios no deseados.