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La interceptación es de gran importancia para la investigación y la seguridad nacional. El valor de esta herramienta para la justicia y los servicios de seguridad es incuestionable y no está sujeto a debate. Sin embargo, para poder interceptar, las telecomunicaciones deben ser interceptables. Esta investigación aborda la cuestión de cómo se puede garantizar mejor la interceptabilidad.
Este estudio, encargado por el Ministerio de Asuntos Económicos, evalúa la política de interceptabilidad tal como se establece en el capítulo 13 de la Ley de Telecomunicaciones (TW). La interceptabilidad se refiere a asegurar la posibilidad de investigar las telecomunicaciones (interceptación y solicitud de datos de tráfico y de usuarios). El Capítulo 13 de la Ley de Telecomunicaciones impone obligaciones a los proveedores de telecomunicaciones públicas para garantizar esta interceptabilidad.
La política de interceptabilidad data del período 1996-1998, con la Intención de Política sobre la interceptación competente de telecomunicaciones y su traducción en la Ley de Telecomunicaciones en 1998. Sin embargo, las telecomunicaciones evolucionan constantemente, tanto en el mercado como en la tecnología, lo que pone en peligro la interceptabilidad de las telecomunicaciones. El objetivo de este estudio es explorar si la política de interceptabilidad ha sido adecuadamente traducida en leyes y regulaciones en el pasado, y si la política y la legislación son adecuadas para el futuro a la luz de los avances en las telecomunicaciones.
Esta evaluación se enfoca principalmente en los tres pilares clave de la política y la legislación, a saber, la obligación general de que las telecomunicaciones públicas sean interceptables, los deberes de colaboración para los proveedores de telecomunicaciones y la distribución de costos. La investigación, realizada debido a recursos limitados como una evaluación cualitativa y no cuantitativa, se llevó a cabo mediante entrevistas con los solicitantes de servicios (justicia y servicios de inteligencia y seguridad), proveedores de telecomunicaciones, reguladores y otros expertos, complementados con investigación bibliográfica. Los hallazgos del estudio incluyen en gran parte las opiniones de los solicitantes de servicios y los proveedores; las conclusiones y recomendaciones son responsabilidad de los investigadores.
