Por encargo de VLAIO, investigamos el régimen flamenco de compensación de costes indirectos de emisión (CIE). A través de este régimen, las empresas intensivas en energía pueden recibir una compensación financiera por los mayores costes eléctricos que se derivan indirectamente del sistema europeo de comercio de emisiones (EU ETS). Esta forma de compensación de costes de CO₂ indirectos está permitida dentro de los marcos europeos de ayudas estatales y tiene como objetivo limitar el riesgo de fuga de carbono: el traslado de la producción e inversiones a regiones con normativas climáticas menos estrictas. Investigamos cómo se sitúa Flandes en comparación con otros Estados miembros europeos que utilizan esta posibilidad de compensación. Para ello combinamos análisis documental, entrevistas, una comparación internacional y simulaciones presupuestarias. Examinamos cómo están diseñados diferentes sistemas de compensación, qué se sabe sobre sus efectos y qué consecuencias presupuestarias pueden tener para Flandes otras opciones políticas alternativas. La comparación internacional muestra que los países europeos, dentro de los mismos marcos de ayudas estatales, toman decisiones divergentes. Existen diferencias en la cuantía de la compensación, los factores de emisión utilizados, las condiciones para las empresas y las obligaciones en torno a la sostenibilidad. Además, los países realizan diferentes ponderaciones entre la factibilidad, el apoyo específico y la gestión presupuestaria. Al mismo tiempo, encontramos escasa evidencia empírica clara de que la compensación de costes de emisión indirectos prevenga la fuga de carbono. Si bien muchas empresas consideran el régimen como un factor relevante para su posición competitiva internacional y ambiente de inversión, la literatura disponible ofrece una comprensión limitada de los efectos reales en las decisiones de inversión y establecimiento. El informe proporciona información sobre las decisiones que toman los países europeos en el diseño de sus regímenes de compensación, el conocimiento disponible sobre sus efectos y las implicaciones de opciones políticas alternativas para Flandes.

2026