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La consulta sobre el nuevo proyecto de ley 'Ley de abordaje administrativo del material pornográfico infantil en línea', que comenzó el 16 de febrero, ha recibido principalmente reacciones negativas de los proveedores de acceso. Se ha afirmado, entre otras cosas, que se les está asociando erróneamente con malos proveedores de alojamiento. Según el proyecto de ley, las empresas de TIC en los Países Bajos podrían estar obligadas en el futuro a limpiar sus servidores de material pornográfico infantil en línea. Después de recibir un aviso sobre dicho material, deberán eliminarlo de sus servidores en un plazo de 24 horas. Una autoridad independiente supervisará este proceso. La Autoridad para el abordaje del material pornográfico infantil en línea podrá obligar a las empresas negligentes, mediante una orden vinculante o una multa coercitiva, a colaborar. En caso de incumplimiento continuado, la autoridad podrá imponer una multa de hasta el cuatro por ciento de la facturación de la empresa.
En 2019 realizamos una investigación sobre otra forma de abordar a los proveedores de alojamiento de pornografía infantil: la coacción administrativa. La coacción administrativa es la medida extrema que un supervisor puede aplicar dentro de este marco de derecho administrativo, mediante la cual el supervisor mismo realiza acciones para eliminar el contenido. Nuestra investigación reveló que la coacción administrativa tiene limitaciones en el caso de malos proveedores de alojamiento que utilizan complejas estructuras para pasar desapercibidos (proveedores a prueba de balas). Además, existía un riesgo de posibles daños colaterales significativos. Por lo tanto, el ministro finalmente optó por imponer una multa coercitiva.