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La violencia sexual y la conducta sexual inapropiada tienen consecuencias profundas y duraderas para las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad. La legislación europea e internacional, como el Convenio de Estambul, obliga a los gobiernos a tomar medidas para combatir la violencia sexual. Por tanto, los Países Bajos tienen la responsabilidad de implementar políticas que protejan a grupos vulnerables, como los menores, contra la violencia sexual.
Uno de los instrumentos de política para esto es el Certificado de Conducta para personas físicas (conocido como VOG). El VOG está diseñado para prevenir que personas con antecedentes penales relevantes ocupen puestos donde puedan representar un riesgo para otros. Este instrumento desempeña un papel importante en la protección de personas vulnerables contra riesgos como la violencia sexual.
En la actualidad, en la evaluación del VOG no se consultan de forma estándar los datos policiales y, si se consideran, no pueden utilizarse como motivo de rechazo independiente. Esto significa que un VOG no puede ser denegado únicamente en base a registros policiales, solo pueden servir como apoyo a datos judiciales. Sin embargo, esto es diferente para el "VOG datos policiales" introducido en 2022, donde estos datos pueden considerarse como motivo de rechazo independiente. Actualmente, el VOG P se aplica solo a un número muy limitado de funciones.
Con el objetivo de proteger a personas vulnerables, el Ministerio de Justicia y Seguridad quiere examinar los pros y contras de incluir de manera estándar los datos policiales en la evaluación del VOG. Estos datos podrían contribuir a una mejor protección de las personas vulnerables al obtener una visión más completa del solicitante. Además, podrían ser utilizados como motivo independiente de rechazo. Se refiere a la evaluación del VOG para todas las funciones que implican una relación de autoridad o dependencia, o en un lugar donde haya personas vulnerables.
Se pretende evaluar completamente los pros y contras en comparación con el proceso actual. El uso de datos policiales plantea preguntas importantes relacionadas con el estado de derecho, la ética y la privacidad. Utilizar datos policiales sin una determinación judicial de culpabilidad puede significar una mayor invasión de la privacidad del solicitante y plantear dudas sobre la presunción de inocencia. También surgen cuestiones sobre el sistema en el que se recopilan, procesan y almacenan los datos policiales. Esto incluye los plazos de conservación y la forma de registro, especialmente en cuanto a la documentación de delitos sexuales y cómo se manejan las denuncias.
El propósito de esta investigación que estamos llevando a cabo junto con la Universidad de Leiden es identificar los pros y contras para las partes involucradas -en comparación con el proceso actual- de incluir de forma estándar los datos policiales y utilizarlos como motivo independiente de rechazo en la evaluación del VOG para funciones que impliquen una relación de autoridad o dependencia, o en un lugar donde hay personas vulnerables.
