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Cuando se comete un delito, el autor debe ser encontrado en base a las pistas dejadas para poder proceder con su enjuiciamiento. En el caso de la cibercriminalidad, la dirección IP es una pista directa hacia la conexión y/o sistema desde donde se realizó cierta conducta delictiva.
En el marco de la legislación propuesta sobre la introducción de una retención limitada de datos de telecomunicaciones para fines de investigación y enjuiciamiento, se ha investigado cómo se puede lograr técnicamente la identificación de usuarios individuales basándose en una dirección IP pública. El estudio ha considerado diversas ponderaciones sociales relevantes, como la utilidad para la investigación y enjuiciamiento, la privacidad de los ciudadanos y los costos para los proveedores de internet. Se extraen lecciones para la situación neerlandesa de una comparación internacional. A partir de la investigación, se elaboran diferentes opciones de políticas.
El estudio fue encargado por el WODC y llevado a cabo por Dialogic en colaboración con Inwilution. Más información se puede encontrar en el sitio web del WODC.


